La huelga del personal de jardinería y limpieza del parque municipal de Madrid Río acabó esta noche sin lograr su objetivo.
Tras 26 días de protestas, los trabajadores pusieron fin a su paro indefinido al concluir sin acuerdo el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Parques Singulares (la unión temporal de empresas integrada por Grupo Raga y Nitlux). La concesionaria anunció el 2 de diciembre, apenas 24 horas después de entrar en vigor el contrato municipal, un recorte de empleo que afectaba a 127 de sus 231 trabajadores. La empresa se hizo con el contrato tras ofrecer una rebaja del 27% sobre el precio de licitación aprobado por el gobierno de Ana Botella (PP). Ese precio ya había sido rebajado un 9% por el propio Ayuntamiento respecto al que pagaba a la anterior concesionaria, Urbaser. El contrato se firmó por 111,8 millones de euros a lo largo de ocho años.
Mayoría de mileuristas
Un día tardaron los trabajadores, que cobran en su mayoría sueldos por debajo de los 1.000 euros, en saber quién pagaría esas rebajas. Parques Singulares aduce que Urbaser engrosó su plantilla con 98 operarios, un 64% más de lo estimado como necesario por el Ayuntamiento, porque los criterios del concurso anterior premiaban el aumento de personal.
La concesionaria explica que en Madrid Río hay 2,5 trabajadores por hectárea, mientras que en los parques de Juan Carlos I y Juan Pablo II, que también gestiona, hay 0,95 y 0,59, respectivamente.
En su última reunión, celebrada esta tarde sin acuerdo, la concesionaria ofreció una indemnización que oscilaba entre los 27 y 30 días por año trabajado. Los sindicatos explican que gran parte de los trabajadores afectados fueron contratados en 2010. A partir de ahora, queda en manos de la empresa ejecutar el ERE, una vez concluido hoy el periodo de negociación, para lo que dispone de 15 días. Los sindicatos han avanzado que, en ese caso, lo denunciarían ante la justicia.
Pese a tratarse de un servicio público, el Ayuntamiento ha preferido no intervenir públicamente, y las gestiones que haya podido hacer en privado no han servido de nada. La edil Raquel López (IU) exigió esta mañana a Botella “la paralización inmediata de los despidos”. “El Ayuntamiento es el que contrata y es el que debe exigir el mantenimiento de la plantilla y garantizar que nuestros servicios públicos no sean el negocio de las empresas”, explicó.
